Luego de que el Gobierno Municipal presentó una acción de tutela ante el Juez Primero Civil del Circuito de Pitalito, ya que la infraestructura adaptada para ello no tiene el alcance ni las garantías suficientes para que más de 120 personas instauradas allí puedan vivir en condiciones dignas y sostenibles, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Superior de Neiva confirmó este 17 de noviembre el fallo a favor de los tutelados.

El motivo por el que el equipo de la Administración Municipal está buscando alternativas para la población privada de la libertad que se encuentra recluida en el Centro Transitorio de Reclusión es, en primera instancia, a que el Gobierno Nacional a través del Decreto 546 de abril del 2020 eximió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de atender a personas con medidas de aseguramiento preventivas y detenciones domiciliarias transitorias en instalaciones distintas a las cárceles determinadas para ello, con ocasión de la pandemia por COVID-19, situación que fue correspondida por más de 7 meses con la adecuación de las antiguas instalaciones del Colegio Departamental, así como con el uso de recursos del municipio para alimentación y demás necesidades de los internos.

Sin embargo, la Presidencia de la República le entregó nuevamente esa responsabilidad a la dirección general del INPEC, la cual no fue asumida por dicha institución y por lo que la Alcaldía de Pitalito presentó tutela “por presunta vulneración a los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, integridad física y salud de la población privada de la libertad”, como quedó constatado en el documento enviado al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito y en el que se falló el pasado 7 de octubre a favor de los reclusos. Luego, la Alcaldía de Pitalito, mediante la Secretaría de Gobierno, ha enviado dos oficios por desacato de parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, los cuales han sido respondidos de forma positiva para así abogar por el bienestar de los internos y sus familias.

Por tal razón, el equipo de la Administración Municipal destaca este importante fallo del Tribunal Superior de Neiva, ya que ratifica la orden de traslado de la población privada de la libertad en el Centro Transitorio de Reclusión hacia los Centros Penitenciarios y Carcelarios del INPEC, para así lograr respetar los derechos fundamentales de esa población e igualmente garantizar la seguridad de la comunidad laboyana.