En Pitalito sesionó la magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Uno de los objetivos fue realizar seguimiento a las medidas de seguridad de los firmantes de paz, toda vez que a la fecha, son al menos 415 excombatientes de las antiguas Farc los que han sido asesinados.

Durante la sesión, realizada en las instalaciones del centro administrativo municipal de Pitalito, hicieron presencia delegaciones de Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo, donde según el sistema de Registro de Afectaciones a Comparecientes de la JEP, se han presentado el 23% de los ataques a excombatientes.

El Gobernador del Huila Rodrigo Villalba y el secretario de Gobierno de Pitalito, Francisco Cardozo, entre otros, participaron de la reunión y ratificaron los compromisos con la seguridad desde la institucionalidad, en aras del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la JEP en 2020 para proteger la vida de quienes firmaron el acuerdo de paz de 2016.

Luego de los hechos presentados el 14 de enero de 2024 en el corregimiento de Guacacallo, que terminaron con el asesinato del firmante de Paz José Enrique Roa y sus dos escoltas, se han tomado medidas por parte del Gobierno departamental y la Administración Municipal del Valle de Laboyos para salvaguardar la integridad física y la seguridad en el territorio.

“A pesar de las circunstancias que nos trajeron al día de hoy para que llegara la JEP hasta Pitalito, tener como referencia que este elemento de que ellos estén acá es muy importante en términos institucionales y para el sur del Departamento. Muestra la importancia que tiene la localidad como resguardo de muchas personas que han creído en los procesos de paz, de las víctimas de nuestro país, y en ese sentido hemos venido trabajando. El alcalde Yider Luna ha hecho un trabajo impecable en ese sentido”. Expresó Francisco Javier Cardozo Tovar, secretario de Gobierno e inclusión Social de Pitalito.

El funcionario agregó además que desde la Alcaldía se respondió a las inquietudes que tenía la Justicia Especial para la Paz, entidad que indagó cuales eran los procesos y procedimientos, a lo que se argumentó que ya hay una Política de Paz, un Consejo Municipal de Paz, y dentro del Plan de Desarrollo Municipal ya se están estableciendo cada uno de los programas, proyectos y actividades sujetas a presupuesto para apoyar todo lo que tiene que ver con el postconflicto y la paz total.

Por su parte, el magistrado del Tribunal para la Paz para casos con ausencia de reconocimiento, Alejandro Ramelli Arteaga, indicó que las autoridades y representantes nacionales y de los departamentos citados a la audiencia debían presentar el seguimiento a la implementación de las garantías de seguridad de los excombatientes de las Farc.

“Ha habido avances, pero son insuficientes. Ya la sección tomará las ordenes correspondientes, porque realmente falta todavía mejorar los mecanismos de seguridad de los firmantes de paz, todavía siguen cometiéndose asesinatos, otro tipo de delitos, entonces las ordenes irán encaminadas a ese tipo de fortalecimiento”. Concluyó el magistrado Ramelli Arteaga.